domingo, 20 de mayo de 2018

HISTORIA DE LA REVOLUCIÓN MILITAR CHILENA 1973-1990 (XXI)


CAPÍTULO XVII
1989: Plebiscito constitucional y elecciones generales

Receso veraniego
          Durante enero y febrero no se avanzó en materia de acuerdos constitucionales, pero el ministro Cáceres se encargó de pedir informes jurídicos para determinar los plazos legales que demandaba una convocatoria a plebiscito, como lo exigía una reforma constitucional, aunque ésta todavía no estuviera acordada.
          Entre los partidarios del Gobierno había nerviosismo presidencial y algún ministro dejó entrever que Pinochet podría volver a ser candidato en la elección de fin de año, e incluso un pequeño partido casi desconocido y de reciente formación, el Liberal-Demócrata, lo postulaba formalmente.
Mientras tanto, se había hecho pública la ambición presidencial del ex senador Sergio Diez, de Renovación Nacional, que comenzó a recorrer el país, mientras se esparcía el rumor de que también competiría el popular ministro de Hacienda, Hernán Büchi, quien aparecía muy favorecido en las encuestas; y, en fin, el ex ministro José Piñera también dejaba ver interés por competir.
          A esas alturas Renovación Nacional tendía más a inclinarse a la oposición que hacia el Gobierno y el 26 de enero formó una comisión para discutir reformas constitucionales con la Concertación. Sus juristas representantes en las reuniones fueron Ricardo Rivadeneira, Carlos Reymond, José Luis Cea y Óscar Godoy, mientras por la Concertación negociarían Francisco Cumplido, Adolfo Veloso, Carlos Andrade y Enrique Prieto, quedando como coordinadores Reymond y Cumplido (1).
          Pero el ministro Cáceres continuó con su propia agenda reformista, cuidadoso de contar con el respaldo de Pinochet, no siempre sostenido. El estudio de los plazos legales envueltos en la convocatoria a la reforma y el consiguiente plebiscito arrojó que éste debía llevarse a cabo a más tardar el 15 de septiembre de 1989 o de lo contrario iba a interferir en las elecciones de fin de año de Presidente y Congreso.
          Tomándole el pulso a las ambiciones políticas, Cáceres declaró a la prensa que se pensaba acortar el siguiente período presidencial desde los ocho años previstos en la Constitución a cuatro, visto que la DC aspiraba a que uno de los suyos fuera el primero en La Moneda después del Gobierno Militar y a los síntomas de que las ambiciones del socialismo y del PPD, especialmente del fundador de éste, Ricardo Lagos, no podían esperar los ocho años de un período presidencial normal. Lagos,  que seguía siendo el mismo “del dedo”, declaró, tonante:
          “Tenemos que decir al señor Cáceres y a otros sectores que hablan de reformas a la hora undécima, que no habrá reforma constitucional que no sea el restablecimiento de la soberanía del pueblo. ¿Está dispuesto el señor Cáceres a plebiscitar una reforma que diga que todo el parlamento será elegido y tendrá las facultades constituyentes normales de una democracia? Lo demás, que no se preocupe el señor Cáceres, porque con la mayoría parlamentaria le vamos a cambiar la Constitución” (2).

Un Pinochet duro de roer
          El 11 de marzo se cumplía el octavo aniversario de la vigencia de la Constitución y del mandato presidencial de Pinochet –prorrogado por un año a raíz del triunfo del “No”, de acuerdo al articulado transitorio de la Carta— y en los días previos el Presidente seguía recibiendo en La Moneda y en su casa a partidarios del statu quo o “sector duro” de su gobierno.
          El discurso presidencial del 11 iba a ser fundamental y Cáceres obtuvo la seguridad de que en él Pinochet anunciaría las reformas. Lo hizo y mostró algunas cartas, como “las proposiciones relacionadas con el artículo octavo (…) en cuanto dicho precepto no tiene por objeto perseguir ideas”; derogación de la facultad presidencial de disolver la Cámara por una vez o de expulsar personas o prohibir su ingreso durante el estado de sitio; aceptación de un nuevo integrante del Consejo de Seguridad Nacional y disminución del primer período presidencial a cuatro años (3).
          El ministro Cáceres mantuvo reuniones en días sucesivos con Sergio Onofre Jarpa, presidente de RN; Patricio Aylwin, de la DC y ya pre-candidato presidencial; y Jaime Guzmán, de la UDI. Todavía había declaraciones del sector duro del Gobierno, que se expresaban a través de los ministros Melnick y Rosende, los cuales no veían con buenos ojos estas negociaciones. Tampoco miraban con buenos ojos la concurrencia de Aylwin a Palacio Ricardo Lagos, del PPD y Enrique Silva Cimma, del PR.

Uvas envenenadas
          En ese momento tuvo lugar una de las maniobras más sospechosas del confuso y lamentable papel que siempre jugaron los Estados Unidos de América respecto del Gobierno Militar: su Agencia de Control de Alimentos y Medicamentos (FDA) comunicó al gobierno chileno que veinte gramos de uva negra procedente de nuestro país contenían indicios de cianuro y que se había dado instrucciones de que la fruta chilena exportada al país del norte fuera retirada de los lugares de expendio. Ese mero anuncio era catastrófico para la agricultura chilena.
“Incluso se publicaron versiones, no desclasificadas hasta hoy, que indicaban que la embajada de Estados Unidos habría tenido conocimiento previo de un borrador del discurso del 11 de marzo, en el cual el general Pinochet anunciaría un no rotundo a las reformas y que el caso de las uvas había sido su efecto”, pensaba el ministro del Interior chileno (4).
El episodio tenía tres características de una típica intervención de la inteligencia norteamericana: 1) equivocada (Pinochet no iba a hacer semejante anuncio); 2) torpe (los exportadores chilenos se movilizaron ágilmente y “convencieron” a los sindicatos norteamericanos de desembarcar y distribuir la uva de todas maneras); y 3) útil al interés soviético (un elemento de extrema izquierda dejó sus huellas digitales en la primera denuncia de envenenamiento de uvas, mediante un llamado a la embajada norteamericana en Santiago).
En efecto, la embajada recibió el llamado, al cual dio gran publicidad.
De hecho, fueron interrumpidos los embarques de uva a los Estados Unidos durante más de una semana. Fueron destruidas 300 mil cajas de la fruta y el daño para los productores nacionales se estimó en 300 millones de dólares.
El almirante José Toribio Merino dijo: “Es una canallada más de las tantas que nos han hecho los Estados Unidos”. El ministro de la Vivienda, Miguel Ángel Poduje, atribuyó el atentado al Partido Comunista, la tesis más verosímil. Un autor y ex ministro de Minería del Gobierno Militar, Jorge López Bain, interpretó así los hechos, tras haber visitado los Estados Unidos y conversado con varias de sus autoridades:
          “No pasaría mucho tiempo para que se llegara al límite de la desvergüenza cuando, en un intento por desestabilizar al Gobierno chileno, funcionarios de Aduanas norteamericanos inyectaron cianuro en una partida de uvas destinadas a los mercados de Estados Unidos, haciéndolo aparecer como de responsabilidad de los productores y exportadores chilenos. Obviamente, el solo anuncio de haberse detectado cianuro en las uvas produjo, en forma automática, el cierre de mercados de exportación de uva chilena. Demandó años el recuperarlos (5)”.

Reuniones y conversaciones
          Pasado el vendaval de la uva, terminaron yendo a La Moneda no sólo Jarpa y Aylwin –la entrevista de Cáceres con éste suscitó enorme expectación periodística, pero transcurrió en medio de mutuos gestos de caballerosidad y moderación--; Enrique Silva Cimma, ex Contralor y ex ministro de Allende, por el PR; Patricio Phillips, ex senador, por el Partido Nacional y el abogado Sergio Miranda Carrington, por Avanzada Nacional. Ricardo Lagos, por cierto, no pidió ni recibió invitación del “señor Cáceres”.
          Este último anunció el 20 de marzo una comisión técnica para evaluar las proposiciones de reforma, “compuesta por Raúl Bertelsen, presidente de la Comisión de Estudio de las Leyes Orgánicas Constitucionales; Rafael Valdivieso, secretario del Consejo de Estado; Arturo Marín, prosecretario del mismo Consejo y jefe de gabinete del ministro; y Hermógenes Pérez de Arce, miembro de las comisiones legislativas de la Junta de Gobierno (6).”
          Paralelamente trabajaban, con buenos resultados, los miembros de la comisión RN-Concertación, alcanzando importantes consensos entre ellos. Tras reunirse la comisión de RN cuatro veces con la comisión técnica designada por el ministro y esta última dos veces con la de la Concertación, a comienzos de abril ya Carlos Cáceres tenía en sus manos un borrador de reforma y un ordenamiento de materias a modificar.

Pinochet da una sorpresa
          El 25 de abril Pinochet convocó a Cáceres a tomar té en La Moneda e inesperadamente, en su presencia, fue tarjando una a una las propuestas de reforma constitucional. El ministro lo notó alterado y por consiguiente le propuso volver a reunirse al día siguiente, cuando su ánimo se hubiera calmado, y Pinochet aceptó.
          Así lo hicieron, a las ocho de la mañana. Después de un saludo frío, el ministro le dijo al Presidente:
          “—Observo que usted está tomando un camino muy distinto al que habíamos estado conversando, por lo que quiero decirle que lo dejo en libertad de acción…”
          Pinochet le interrumpió:
          “—Yo siempre tengo libertad de acción. No me la venga a conceder usted. El que toma aquí las decisiones de gobierno soy yo, y efectivamente quiero que deje el ministerio. Sólo le pido reserva y que no se lo comunique a nadie todavía, porque estoy estudiando la nueva composición del gabinete.”
          Después, ya en su despacho, Cáceres recibió un llamado convocándolo a consejo de gabinete para el mediodía. Éste se desarrolló normalmente y como el primero que siempre hablaba en esas ocasiones era el ministro del Interior, abordó la situación del país sin referirse al tema constitucional. Hablaron otros ministros y antes de terminar el consejo el Presidente dijo sorpresivamente:
          “—Le he pedido la renuncia al ministro del Interior y en los próximos días daré a conocer el nuevo gabinete. Solicito que pongan sus cargos a disposición”.
          Luego se levantó y se fue (7).
          Esto desencadenó no sólo el “poner los cargos a disposición” sino una ola de renuncias efectivas y definitivas: las presentaron Hernán Felipe Errázuriz (RR. EE.), Pablo Baraona (Minería), el general Enrique Seguel (que había sustituido a Büchi en Hacienda), Gonzalo García, (subsecretario de Interior) y el Secretario General de la Presidencia subrogante, general Fernando Lyon. El general Jorge Ballerino, titular del cargo y pese a estar enfermo, le representó al Presidente que consideraba su decisión como un grave error. Lo mismo le hizo ver el almirante Merino, que lo fue a visitar.
          El hecho fue que cuando Cáceres llegó a la mañana siguiente al ministerio a retirar sus efectos personales y dejar todo ordenado a su sucesor, Pinochet lo llamó para pedirle que lo acompañara a la ceremonia del 62° aniversario de Carabineros, lo que implicaba confirmarlo en el cargo, y en el camino, cuando, en vista de esto, Cáceres le pidió autorización para dar a conocer la propuesta oficial del Gobierno en materia de reformas constitucionales, le respondió:
          “-- Siga adelante, ministro, usted se mantiene al mando de toda esa gestión”.
          Entonces al día siguiente Cáceres dio a conocer, por cadena de radio y televisión, diecinueve cambios a la Carta, siete de los cuales se consideraba relevantes (8).
          Pero la oposición los consideró insuficientes y a partir de ese momento se desató un período de marchas, contra-marchas, anuncios de “protocolos secretos” entre RN y la Concertación, reuniones airadas en esta última, donde el principal obstáculo a un acuerdo era Lagos, que finalmente cedió; y así Aylwin pudo llamar a Cáceres y decirle, a las dos de la tarde del 31 de mayo:
          “—Tenemos luz verde, ministro” (9).

Medio centenar de reformas
          Cuando se resume cuáles fueron los principales entre los 54 cambios constitucionales que se introdujo en 1989, casi nadie alude al que a mí me parecía más importante y que se analizó en el capítulo anterior: el bajo quórum de 3/5 para modificar el propio capítulo que establecía los 2/3 para reformar los demás aspectos fundamentales de la Constitución, omisión que habría permitido desmantelarla con sólo el 60 % de los parlamentarios.
Veamos una reseña típica de las que incurría en esa omisión: “Las principales (modificaciones): suprimir el polémico artículo 8° e igualmente la incompatibilidad entre los cargos sindicales y la militancia política; aumentar el número de los senadores votados popularmente (de 26 a 38) y el de aquellos que elegiría la Región Metropolitana (de dos a cuatro); no proveer las eventuales vacancias de las senadurías designadas; un cambio semántico, pero significativo, introducido en las facultades del Consejo de Seguridad Nacional, sustituyendo el amenazador “representar” por el más suave “hacer presente su opinión”; empatar el número de representantes civiles y militares –cuatro y cuatro— en el mismo Consejo, incorporando al Contralor; facilitar las reformas de la Constitución; poner término a la facultad de disolver la Cámara Baja, que tenía el Jefe del Estado por una vez durante su mandato; disminuir éste a seis años…” (10).
          El 31 de mayo Pinochet anunció el acuerdo. Poco antes nos convidó a los representantes suyos ante los negociadores de la Concertación a almorzar en La Moneda, entre quienes recuerdo a Francisco Bulnes Ripamonti (prematuramente fallecido antes de terminar el cometido), Raúl Bertelsen, Arturo Marín y Rafael Valdivieso. Después de almuerzo se acercó a mí y en tono entre severo y bromista me dijo, señalándome con el índice: “Usted es responsable de lo que suceda con estas reformas”. No se explicó mayormente, pero lo atribuí a que le hicieron ver la importancia de subir el quórum de modificación del capítulo sobre “Reforma de la Constitución”, que se había dejado inadvertidamente bajo (3/5) en la Constitución de 1980, tema en el cual siempre insistí mucho.

Plebiscito masivo
          El 30 de julio de 1989 fueron aprobadas plebiscitariamente las reformas por el 91,25 % de los votantes, contra un 8,74 % que votó en contra de ellas, atendiendo al llamado del Partido Comunista, el único que se oponía. Votaron 7.082.079 personas sobre una población de 12.707.000 personas. La abstención fue de 6,5 por ciento. En ese tiempo había gran interés por participar en los comicios. Y de paso por ratificar popularmente la Constitución.
          Pues fue la de 1989 una importante ocasión en que el pueblo, libre y voluntariamente, reiteró su respaldo a la Constitución de 1980, que tantos críticos señalan como “aprobada entre cuatro paredes”. La verdad es que ninguna otra en Chile ha sido tan largamente preparada (entre 1973 y 1980 por una comisión de juristas de distintas tendencias), ni tan repetida y masivamente respaldada por la ciudadanía como ésta, en los plebiscitos de 1980, 1989 y 2005.
          De las 54 modificaciones, las principales fueron: 1) Supresión del artículo 8° que ponía fuera de la ley a movimientos antidemocráticos; 2) Supresión de la incompatibilidad entre cargos sindicales y militancia política; 3) Aumento de 26 (dos por región) a 38 (hubo que dividir regiones) del número de senadores elegidos (la Constitución contemplaba nueve designados –número que podía variar según el número de ex Presidentes vivos-- en función de anteriores desempeños de alto rango); 3) No se llenarían vacancias de senadores designados; 4) El Consejo de Seguridad no podría “representar”, sino sólo “hacer presentes” a otras altas autoridades las ilegalidades o inconstitucionalidades de otros altos poderes; 5) Igualar en él el número de civiles y militares, incorporando al Contralor en dicho Consejo; 6) Facilitar las reformas constitucionales; 7) Suprimir la facultad del Presidente de la República de disolver la Cámara de Diputados una vez durante su mandato; 8) Disminuir la duración del período presidencial a seis años y excepcionalmente a cuatro en el mandato que comenzaba en 1990; 9) Aumentar a 2/3 el quórum para modificar el capítulo sobre reforma de la Constitución.
          El Gobierno obtuvo dos logros: que este último capítulo necesitara de ese quórum más alto para ser modificado; y que la Ley de las Fuerzas Armadas pasara a ser Orgánica Constitucional, cuya modificación requería cuatro séptimos de los votos y no simple mayoría, como antes.

Bitácora del terrorismo
          La principal fuente de temor e inseguridad de los chilenos en los años anteriores y también en 1989 fue el terrorismo de extrema izquierda, generosamente financiado desde el área soviética y Cuba, con la complicidad norteamericana y europea, que sancionaban al gobierno chileno por reprimir a los terroristas, calificando su acción como de “atropello a los derechos humanos”. En pleno año de elecciones el brazo armado comunista, el FPMR, con cuyo vocero, Alex Vojcovich, convivía entonces la ex ayudista del MIR, futura ministra de Salud y de Defensa y Presidenta de la República en dos ocasiones, Michelle Bachelet, se mantenía activo.
          El año electoral y de reformas constitucionales consensuadas de ninguna manera aminoró la acción terrorista del partido rojo.
          Sus principales jefes, entre ellos Galvarino Apablaza, hoy (2018) asilado en Argentina, habían viajado en agosto de 1989 a un evento celebratorio de la revolución sandinista en Nicaragua. Quedó acá a cargo Enrique Villanueva Molina, actualmente cumpliendo condena de libertad vigilada en la V Región, después de habérsele rebajado por la Sala Penal de la Corte Suprema la pena de presidio perpetuo por su participación en el asesinato del senador Jaime Guzmán, en 1991 (cualquier militar condenado por lo mismo envidiaría su condición). Villanueva había sido incriminado en el asesinato del senador por su camarada frentista Ramiro (Mauricio Hernández Norambuena). El mismo Villanueva, entre otras decisiones, autorizó la instalación de cohetes LAW para ser disparados contra helicópteros del Ejército en el Aeródromo de Tobalaba. Al ir a comprobar esa instalación en la noche del 20 de agosto de 1989, los frentistas se encontraron con el teniente Roberto Zegers Reed y un conscripto, que estaban desmantelando los cohetes. Les dispararon y cayó el teniente con nueve disparos calibre 45 en el cuerpo, que le quitaron la vida, tras responder el fuego junto al conscripto, con lo que a su turno dieron muerte al frentista Roberto Nordenflycht, hijastro del ex senador comunista Volodia Teitelboim.
          ¿Quién recuerda hoy al teniente Zegers, caído velando por la seguridad en su patria? Muy pocos, si es que alguno. Al contrario, se ha rendido en Temuco, con la anuencia del alcalde de centroderecha y concejales UDI y RN, un homenaje a un ex frentista, carabinero expulsado del Cuerpo en 1969 por su vinculación extremista, Víctor Maturana Burgos.
Ante este odioso contraste, ha elevado la voz en protesta una hermana del teniente Zegers, en carta al Diario Austral de Temuco, la cual reprodujo el diario digital Chile Informa de 25 de febrero de 2017.

Terroristas formados en la RDA
          En el libro sobre la Stasi, servicio secreto de Alemania Oriental, de John O. Koehler, se informa que hasta 1989 y la caída del régimen de la RDA “pocos sospechaban que más de doscientos de los más peligrosos terroristas (chilenos) habían sido entrenados por especialistas de la Stasi en Alemania del Este. El último curso se graduó en agosto de 1989, cuando la RDA ya se encaminaba a su desintegración. Parece que no todos los graduados del último curso de terrorismo alemán oriental para extremistas chilenos regresaron a su patria. Un investigador del terrorismo europeo occidental me dijo, bajo condición de anonimato, que había fuertes indicios de que algunos de ellos habían ingresado al movimiento separatista vasco ETA, que había asolado a España durante años. Mis requerimientos de información al Secretariado Español de Seguridad nunca fueron respondidos (11)”.
          Esta amenaza a veces no se tenía en cuenta en el contexto de la lucha contra el terror subversivo.

Año electoral
          Como antes se dijo, de acuerdo con el articulado transitorio de la Constitución, en caso de una derrota del “Sí” en el plebiscito de 1988, debían tener lugar en diciembre de 1989 elecciones parlamentarias y presidenciales.
          En la oposición se había ido colocando en la posición de “candidato natural” el ex senador y presidente de la DC, Patricio Aylwin, que de partida había asumido la presidencia de su colectividad, frente a sus oponentes Gabriel Valdés Subercaseaux, Eduardo Frei Ruiz Tagle y Andrés Zaldívar Larraín.
          Algunas encuestas señalaban, sorprendentemente, que había una personalidad del Gobierno que superaba en popularidad a Aylwin y a cualquier otra figura: el ministro de Hacienda, Hernán Büchi, un personaje no convencional y simpático, que había adquirido notoriedad internacional, tanto que el New York Times lo había descrito como “una mezcla de guerrillero izquierdista y cantante de rock”. 
          En abril Büchi renunció a la cartera de Hacienda, declarando iniciar “un período de reflexión”. Fue reemplazado por el subsecretario, un militar e ingeniero comercial, general Enrique Seguel.
          Sin un anuncio explícito, la campaña de Büchi se dio por comenzada con su venia. Comenzó por conferir la jefatura de la misma a un personaje del “No”, Sebastián Piñera, de controvertida trayectoria empresarial y simpatizante democratacristiano, que en los “rounds” presidenciales internos de la DC había trabajado impulsando la candidatura de Eduardo Frei Ruiz-Tagle (esto último me lo dijo personalmente el mismo Frei meses después). Piñera había votado “No” en la consulta de 1978 y en los plebiscitos de 1980 y 1988.
Ascanio Cavallo lo confirma: “Piñera quema sus últimos cartuchos democratacristianos apoyando a Eduardo Frei en la lucha interna de diciembre, cuando pierde a manos de Aylwin; opina que esa opción devolverá al país a los años ’60 (Aylwin no le perdonará ese juicio en mucho tiempo). Allamand percibe que es su momento. Piñera representa el tipo de centristas que quisiera capturar con su partido: el público DC que por 25 años le ha escamoteado a la derecha las grandes mayorías” (12).
          El gabinete de Cáceres respalda firmemente la postulación de Büchi, y así se lo hacen saber. “Más tarde algunos se arrepentirán ante lo que consideran una actitud ‘desleal’ de la candidatura con el régimen: cuando Büchi, forzado por las evidencias de las encuestas, critique la policía secreta, la situación de derechos humanos, el exilio, el control de la prensa, la permanencia del general Pinochet” (13).
          No debería haber extrañado a nadie, entonces, que al poco tiempo Büchi comunicara que una “contradicción vital” entre su propio concepto de la existencia y la política le impedían ser candidato, dejando en el mayor de los desconciertos al Gobierno y al gobiernismo.
          Renovación Nacional proclamó entonces la candidatura presidencial del ex ministro del Interior –que hasta 1973 había sido senador y presidente del Partido Nacional-- Sergio Onofre Jarpa. Esto provocó el rechazo de la UDI y, discretamente, del círculo más cercano al Presidente. Los empresarios más poderosos, que eran casi todos partidarios del Gobierno, señalaron su escepticismo frente a la postulación de Jarpa, cuyas simpatías por el libre mercado eran escasas.

La candidatura Büchi
          El periodista y analista político Ascanio Cavallo vio así las cosas:
          “… algunos pequeños empresarios a los que nadie conoce piden que Büchi sea candidato. Uno de ellos instala un furgón en la Costanera de Santiago y, durante varios sábados seguidos, distribuye miles de pegatinas –confeccionadas y financiadas por él mismo--  con un tan sencillo como inolvidable slogan: Büchi es el hombre.
          “… en la yesca seca de una derecha recién impactada por la derrota en el plebiscito, la idea se esparce como un incendio, con una fuerza sorda e incierta, pero mucho más poderosa que la de otros hombres lanzados por su cuenta a la competencia: el ex ministro José Piñera, cuyo refinamiento intelectual no ha sido suficiente para constituir un Partido de la Libertad; Sergio Diez, débilmente apoyado por antiguos caciques del extinto PN; y el abogado Pablo Rodríguez, un nacionalista de fuste que alcanza a explorar la vigencia del voto ‘duro’ por unos pocos y frustrantes meses (14)”.
          Las encuestas de opinión desde hacía meses mostraban que Büchi gozaba de gran popularidad. El dirigente de RN, Andrés Allamand, se convirtió en activo promotor de la idea de su postulación. Allamand fue siempre inclinado a marchar hacia el centro, de modo que un nombre DC acudió a su mente como posible jefe de campaña de Büchi: Sebastián Piñera.
          Cavallo lo tiene bien calibrado: “Es un hombre audaz, que tampoco se anda con chicas. Por tradición familiar, ha estado cerca del PDC y para el plebiscito fue un inequívoco promotor del No” (15).
          Por otra parte, el gabinete de Cáceres –del cual forma parte Büchi en Hacienda— respalda firmemente la postulación de éste, y así se lo hace saber, pero más tarde algunos se arrepienten cuando el pre-candidato cae en consignas del adversario y critica a la “policía secreta”, “la situación de los derechos humanos”, “el exilio”, “el control de la prensa”, “la permanencia del general Pinochet” (en la Comandancia en Jefe del Ejército).
          Pero a Büchi no le podía suceder otra cosa si el manejo estaba entregado a Allamand y Piñera. Entonces no puede menos que empezar a sentir una comezón de conciencia, síntoma de una contradicción vital, como él mismo la llamará y que confesará después.
Piñera constituye el comando en sus oficinas de Bancard. Es un personaje sin complejos. “Paralelamente, imparte minuciosas instrucciones a Büchi: cuando salga del ministerio debe tomar un microbús (por ningún motivo un auto). (… ) Esto es lo que debe contarles a algunos amigos periodistas que estarán oportunamente allí para testimoniar su condición de hombre sencillo, jovial y sensible”.
Cavallo ha captado detalles:
          “En las semanas que siguen, estas instrucciones se repiten y toman el aspecto de una pesadilla. Piñera y Allamand trabajan a mil preparando estrategias, redactando discursos, contactando gente. (…) Pero el ‘aún no candidato’ se muestra incómodo. Vacila, guarda silencio, se ausenta. (…) Allamand y Piñera toman las decisiones sin siquiera consultar a Büchi. Aceptan un foro con Aylwin en TV, arreglan un encuentro con Mario Vargas Llosa en Lima, contratan al publicista norteamericano Mark Klugman para redactar los discursos, lo mueven de un lado a otro. Uno de esos días reúnen a varias decenas de empresarios dispuestos a dar aportes financieros para la causa. Pero el no-candidato desaparece… (16)”.
          Se prepara una reunión con políticos y empresarios en el Centro de Estudios Públicos, pero el candidato llega horas después de lo convenido. Cuando lo emplazan, “como aliviándose de una carga insoportable, Büchi dice que prefiere dejar la candidatura” (17).
          A mediados de mayo Büchi va a visitar a Carlos Cáceres y le comunica su decisión. “Tenía la convicción más absoluta –racional y visceral--  que no era la persona indicada para ser candidato a nada y fue imposible convencerlo”, recuerda Cáceres (18).

Un apronte frustrado
          Yo mismo me vi envuelto en el proceso, pues mi amigo Máximo Silva Bafalluy, destacado militante UDI y ex ministro del Trabajo del Gobierno Militar, me aseguró que si yo contaba con el apoyo de Hernán Büchi y del Presidente Pinochet, la UDI me proclamaría candidato presidencial.
Yo había conversado con Jaime Guzmán, que si bien en privado no manifestó entusiasmo con la idea, públicamente dijo que el mío era “un buen nombre” para reemplazar a Büchi.
          Entonces fui a visitar a éste, ya renunciado. Me recibió en su casa de Vitacura una tarde fría de domingo. Su respuesta fue evasiva, si bien me dejó entrever que yo integraba una nómina de tres nombres a los cuales él tenía en consideración. Me pareció que los otros dos eran Carlos Cáceres y José Piñera.
          Yo mismo pensaba, y lo declaré así en entrevistas, que el candidato óptimo a sucederlo era Carlos Cáceres. El propio Sergio Onofre Jarpa se lo había ofrecido a éste, pero el entonces ministro del Interior nunca aceptó.
          Posteriormente, impulsado por el dinamismo de Máximo Silva, pedí una audiencia al Presidente Pinochet, que me la concedió en La Moneda, un mediodía. Cuando me recibió le manifesté mi disposición a postular a reemplazar a Büchi en la candidatura representativa de su gobierno y le pedí su apoyo.
          Él me contestó, diría que textualmente:
          “Sí; yo lo apoyo. Pero no puedo darle plata”.
          Yo me sorprendí, porque no había pensado en eso, si bien probablemente “eso” debería haber sido una de las primeras cosas en que debería haber pensado.
          Al poco rato el Presidente se puso de pie, terminando la entrevista y, tomándome de un brazo, se dirigió a la puerta del despacho presidencial, donde estaban aglomerados los periodistas, y les dijo explícitamente que apoyaba mi postulación presidencial.
          El tema no hizo titulares ese día ni el siguiente, lo que no hablaba bien de las simpatías de la prensa conmigo ni de mis posibilidades. Fue noticia muy secundaria. El único que le dio alguna importancia fue Sergio Onofre Jarpa, que declaró considerarla una novedad muy negativa para la unidad de los partidarios del Gobierno.
          Sin embargo, el asunto encontró una salida natural cuando Büchi anunció en julio que retomaba su candidatura. Entonces todos los partidarios del Gobierno nos unimos tras él.

El discurso del 23 de agosto
          Cuando el Presidente cumple 16 años como comandante en jefe, el 16 de agosto de 1989, se presenta una ocasión para “tranquilizar a la tropa”, porque se ha venido haciendo evidente la cercanía de un posible cambio de gobierno. La candidatura opositora de Aylwin se ha venido comportando con más tino político que las representativas del oficialismo y ya ha superado a Büchi en las encuestas.
Por eso es delicado el discurso presidencial del 23 de agosto, del cual se encarga un oficial que ha tenido una carrera meteórica, el brigadier general Jorge Ballerino Sanford, que pronto sería  ascendido al cuerpo de mayores generales en octubre, menos de dos meses después.
          Entre la oficialidad se teme una vendetta opositora, pues la gente de extrema izquierda adversa al gobierno ataca todavía a los militares en las calles y sus cuadros paramilitares continúan activos. El discurso del 23 de agosto debe hacerse cargo de esa situación y, al leerlo, Pinochet expresa las nueve condiciones que estipulan las Fuerzas Armadas: cumplimiento de las funciones constitucionales que les han sido reconocidas, inamovilidad de los Comandantes en Jefe, respeto al Consejo de Seguridad Nacional, consideración por el prestigio de las Fuerzas Armadas, evitar la propagación de la doctrina de la lucha de clases, combatir el terrorismo, y las dos más cruciales: respetar la Ley de Amnistía de 1978 y evitar la intervención política en materia de estructuras internas, presupuesto, carrera profesional y justicia militar.
          Mientras siguió Pinochet como Comandante en Jefe hubo una sola violación flagrante de esas condiciones, la de no respetar la Ley de Amnistía, pues Aylwin, en una actuación abiertamente inconstitucional, pidió a la Corte Suprema ordenar a los tribunales no aplicarla en los procesos hasta la sentencia definitiva, en carta de 4 de marzo de 1991, donde decía: “No dejaría tranquila mi conciencia si no hiciera presente al Excmo. Tribunal que en mi concepto, la amnistía vigente, que el Gobierno respeta, no debe ni puede ser obstáculo para que se realice la investigación  judicial y se determinen las responsabilidades que correspondan…” Eso era contrario a la ley y, específicamente, al art. 107 del Código de Procedimiento Penal, como se verá más abajo.
          Después de dejar Pinochet la Comandancia en Jefe, ya en 1998, se incumplieron otras de las condiciones que él había puesto: no se veló por el prestigio de las Fuerzas Armadas, se propagó la doctrina de la lucha de clases, se brindó impunidad al terrorismo de extrema izquierda, se derogó de facto por los jueces la Ley de Amnistía y hubo despidos en Defensa de asesores uniformados (r) por razones políticas, especialmente durante la primera administración Piñera. 
          En particular, la carta de Aylwin a la Corte Suprema en desmedro de la Ley de Amnistía violó dos de las condiciones de Pinochet, pues implicó una actuación inconstitucional, incompatible con el art. 73 de la Carta, que prohíbe expresamente al Presidente (y otras autoridades) “avocarse causas pendientes”, es decir, pretender determinar cómo deben fallarse esas causas; y fue además contradictoria con el artículo 107 del Código de Procedimiento Penal, que ordena a los jueces poner inmediato término a los procesos por delitos amnistiados, apenas se compruebe que los hechos quedan cubiertos por el perdón.

Epílogo y “amarre”
          Un paso dirigido a defender su institución si el Gobierno no ganaba la elección de diciembre lo dio Pinochet el 9 de octubre de 1989: llamó a 12 generales a retiro inmediato, que sumados a los 13 que había llamado a fines de 1988, alcanzaban a 25, del total de 53 miembros del alto mando. Debieron dejar la institución. Nadie recordaba una remoción reglamentaria tan extensa. La explicación es que así se tornó más estable la estructura del Ejército para los años que venían. El nuevo régimen debería resignarse a tener un cuerpo de generales de larga permanencia.
          La sorpresa mayor es la salida del vicecomandante del Ejército, Jorge Zincke Quiroz, nombrado menos de un año antes. Es la primera vez que el segundo hombre dura menos de un año. La explicación la encuentra un analista opositor, el periodista Ascanio Cavallo, en la insistencia de Zincke en poner bajo su mando al brigadier general Ramón Castro Ivanovic, secretario general del Ejército desde hace más de cinco años, que antes ha sido secretario privado del general Pinochet y hombre de su absoluta confianza y que no reconoce otro mando que el del Presidente, de cuyas finanzas y asuntos familiares ha estado a cargo. Pero Zincke “lo acusa, manda oficios, eleva protestas; Castro inmutable”. Y se va Zincke (19).
Éste entrega su mando en un plazo inusitadamente breve: un día. Su sucesor es el teniente general Jorge Lúcar.

Reseña de las candidaturas presidenciales
Una buena reseña del movido ambiente que se desató antes de la elección de 1989 lo hizo Gustavo Cuevas Farren en su libro “Pinochet: Balance de una Misión”, y lo sintetizo a continuación:
          El primer aspirante fue el ex senador Sergio Diez, que venía de los partidos Conservador y Nacional y había sido miembro de la Comisión Constituyente y ex embajador ante la ONU. Recorrió el país, pero paradojalmente Renovación Nacional nunca le asignó posibilidad y la UDI, por su parte, aunque le miraba con simpatías, levantó el nombre del ex diputado Hermógenes Pérez de Arce. Por lo tanto, Diez terminó por retirarse, aceptando en cambio una candidatura a Senador, cargo para el que fue electo.
          Otro sector político que tempranamente levantó un candidato fue el nacionalista, representado en el Partido del Sur y Avanzada Nacional. Fue proclamado el abogado Pablo Rodríguez Grez. El nacionalismo chileno participaba de la crítica demócrata cristiana al modelo al modelo económico, llegando incluso más lejos.
          Luego de algunos meses de campaña el candidato Rodríguez renunció a la postulación, marcando esta renuncia su retiro de la actividad política.
          En los círculos cercanos al Gobierno comenzó a mencionarse el nombre del ministro de Hacienda Hernán Büchi como una posibilidad presidencial. Él renuncia al ministerio de Hacienda, como una clara señal de que finalmente aceptaría la candidatura. Sin embargo, de manera sorpresiva, aduciendo lo que llamó ‘una contradicción vital’, optó por declinar el ofrecimiento en abril de 1989.
          Por esta causa la iniciativa volvió a los partidos del sector. Renovación Nacional proclamó la candidatura de Sergio Onofre Jarpa y la Unión Demócrata Independiente levantó el nombre del ex diputado Hermógenes Pérez de Arce. Pero ninguno  logró entusiasmar, de manera que ambas pre-candidaturas fueron retiradas. Consiguientemente se ejerció una fuerte presión sobre Büchi a fin de que reconsiderara su decisión, lo que definitivamente se consigue a mediados de 1989, convirtiéndose en el postulante oficial y único de la centro-derecha; recibirá además el apoyo de la Democracia Radical y de parte del Partido Nacional.
          Mientras tanto, a inicios de 1989 había surgido una nueva figura política: se trataba del empresario Francisco Javier Errázuriz, independiente. Acuñó el adjetivo de ‘centro-centro’ y logró articular un frente heterogéneo; de un lado recibió el apoyo de dos grupos políticos pinochetistas, Avanzada Nacional y Partido del Sur, y del otro, obtenía el de dos sectores que habían estado en la Concertación: el Partido Socialista Chileno y el Partido Liberal, sumando además la adhesión de parte del Partido Nacional.
          Por su lado, la Concertación consideró que necesitaría afrontar la elección presidencial de manera unitaria. La Izquierda que estaba en la Concertación tenía la convicción de que en estas elecciones no podría postular a un hombre de sus filas, debido a que estaba aún cercano en la memoria colectiva el traumático final de la democracia con Salvador Allende. Por ello sus posibilidades de nominación de candidatura quedaron entregadas a la Democracia Cristiana, al Partido Radical y a personalidades independientes, y efectivamente de estos sectores saldrían los nombres del ex senador Patricio Aylwin, del ex Contralor General de la República Enrique Silva Cimma y del ex ministro de Estado Alejandro Hales Jamarne.
          Fue en la Democracia Cristiana misma donde hubo más tensión. La Junta Nacional pidió a quien fuera vocero de la Concertación, Patricio Aylwin, que aceptara la candidatura presidencial. El ex senador declinó el ofrecimiento, sosteniendo que debía plantearse una competencia interna  entre quienes también tenían ambiciones presidenciales, los que en definitiva eran tres: el propio Aylwin, Gabriel Valdés Subercaseaux y Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Aylwin representaba la línea que llevó al partido a participar dentro del sistema institucional elaborado por el gobierno de Pinochet. Gabriel Valdés representaba una línea dura, exhibiendo su trayectoria de dirigente claramente opositor. En cuanto a Eduardo Frei Ruiz-Tagle, se explicaba así: ‘Pareciera que las alineaciones que se han presentado en el último tiempo son las mismas de hace quince, veinte, veinticinco años atrás. Entonces, ha llegado el momento de quebrar ese esquema’.
          Aylwin, en la lucha interna, exhibió rasgos que no le eran conocidos, en especial la descalificación de sus oponentes. La de Gabriel Valdés fue tajante: ‘es un nombre que provoca rechazo en los sectores medios del país (…) su candidatura pondría en serio peligro la posibilidad de éxito de la oposición’. Respecto a Eduardo Frei Ruiz-Tagle: ‘se beneficia de la popularidad que aún conserva, con mucha razón, el nombre de su padre, pero creo que eso no es suficiente para asegurar que se pueda mantener esa popularidad fundamentalmente sobre esa base’.
          Entretanto, al PDC le correspondió elegir una nueva Junta Nacional, la que a su vez se encargaría de proclamar al candidato definitivo del partido. Los distintos aspirantes postularon sus propias listas para miembros de la Junta, descubriéndose a este respecto adulteraciones en los padrones electorales internos. Pero era conocido el arrastre del ex senador Aylwin después del triunfo plebiscitario. Éste sostuvo: ‘…nadie puede sostener que todas las irregularidades provengan de un sector’.
          Así las cosas, Eduardo Frei fue el primero en renunciar a sus pretensiones. Poco después haría lo mismo Gabriel Valdés. Así llegó el 4 de febrero de 1989, fecha en que se reúne la Junta y, permaneciendo sólo Aylwin como pre-candidato, a poco de comenzar esta reunión Ricardo Hormazábal, por los partidarios de Valdés, y Alejandro Foxley, por los de Eduardo Frei, plantearon una decisión de consenso en torno a Aylwin, que fue ratificado por aclamación.
          Otro partido que también proclamó candidato presidencial fue el Radical, designando al presidente de la colectividad, Enrique Silva Cimma, quien afirmaría poco después: ‘Mi nombre es intransable… Hay una sola limitante a este planteamiento: que el interés del conjunto determine que el nombre debe ser otro’. A su vez el Partido Social Demócrata proclamó al abogado Eugenio Velasco Letelier y el Partido Socialista de Almeyda decidió apoyar a un independiente: Alejandro Hales Jamarne. Pero su candidatura no despegó. Enrique Silva Cimma terminó por retirar su nombre. También se retiró Eugenio Velasco. Y en definitiva sería Patricio Aylwin el nominado de la Concertación por la Democracia, correspondiéndole enfrentarse electoralmente a las otras dos candidaturas definitivas, la de Hernán Büchi por la centro-derecha y la de Francisco Javier Errázuriz por el centro político (20).

Acuerdo sobre el Banco Central
          El ministro del Interior, Carlos Cáceres, que había sido presidente del Banco Central y ministro de Hacienda a comienzos de los ’80, era un convencido de que debía materializarse la idea del Gobierno de dejar instituida la autonomía del Banco Central, que era la mejor garantía de que no volvieran a generarse las condiciones que llevaron al país a sufrir las inflaciones más altas del mundo bajo gobiernos políticos que recurrían a la emisión monetaria para cubrir los déficit fiscales derivados de la demagogia.
          La Constitución de 1980 establecía dicha autonomía y designaba al instituto emisor como una institución autónoma, con patrimonio propio y de carácter técnico.
          Convencido de la necesidad de dejar bien establecidos esos principios, cualquiera fuera el resultado de las elecciones presidenciales, Cáceres tuvo la audacia de concebir un acuerdo con la oposición para que economistas de su sector se integraran al Consejo del Banco Central. Se requería audacia, porque para Pinochet era hacer una concesión, dado que el Gobierno podría haber procedido a nombrar la totalidad de los consejeros, pero eso habría abierto un flanco de crítica e inestabilidad si la oposición triunfaba en la elección presidencial.
          Cáceres entonces llamó a Aylwin que, siendo candidato, se sorprendió ante la proposición y finalmente delegó en Alejandro Foxley el tema. Éste negoció con Cáceres en medio de gran reserva y tuvo que manejar también las aspiraciones internas dentro de la Concertación. Por ejemplo, los socialistas aspiraban a tener un representante, pero esa sola idea provocaba rechazo en la Junta, particularmente en el almirante Merino.
          Finalmente, por parte del Gobierno, fueron acordados los nombres del general Manuel Concha, subsecretario de Hacienda, y Alfonso Serrano, economista y vicepresidente del Banco Central; y por parte de la Concertación, el economista del PPD Juan Eduardo Herrera y Roberto Zahler, académico y funcionario internacional. Y como presidente se logró acuerdo en el nombre del economista Andrés Bianchi, que era Secretario  Ejecutivo Adjunto de la CEPAL y mantenía una actitud objetiva cuando se trataba de temas políticos.
          El acuerdo se logró el 4 de diciembre, pocos días antes de la elección presidencial, y significó dar una solución de las que se denominan “de Estado” a un tema crucial para garantizar la sanidad económica del país a futuro. Fue un logro de Cáceres (21).

Triunfo electoral de la Concertación
          La Concertación de Partidos por el No había devenido Concertación de Partidos por la Democracia. Su candidato presidencial, Patricio Aylwin, presidente de la Democracia Cristiana, tras ser designado pasó a encabezar las encuestas en las que antes lo había superado Büchi.
          Y los partidos de la Concertación, democratacristiano, socialista y radical, pactaron ir en una sola lista parlamentaria. A su turno, RN y la UDI también lo hicieron, tras una ardua negociación.
En fin, la izquierda más extrema, encabezada por el Partido Comunista, constituyó otro pacto, como antes se detalló, el PAIS, Partido de Avanzada de la Izquierda Socialista, en vista de que la DC todavía no estaba preparada para facilitar a la colectividad roja el acceso al Parlamento. Al PAIS pertenecía, en ese tiempo, una joven Michelle Bachelet (22).
          Cuando Büchi quiso separar aguas del Gobierno Militar no sólo teniendo un jefe de campaña de simpatía DC y que venía del “No”, sino yendo a visitar a la Comisión de Derechos Humanos, presidida por el DC Jaime Castillo y, en fin, declarando que, si era elegido Presidente, preferiría no ser acompañado como Comandante en Jefe del Ejército por el General Pinochet, “explotó el capitán general: ‘Fíjense que yo, con todo lo dictador que dicen que soy, no le puedo pedir la renuncia ni a Merino ni a Matthei ni a Stange, por cuanto la Constitución me lo prohíbe. Y estos caballeros, que aún no llegan, ¡me quieren pedir la renuncia a mí!’” (23).
          Esto provocó el fortalecimiento del tercer candidato, también gobiernista, el empresario Francisco Javier Errázuriz, que había fundado un partido denominado Unión de Centro-Centro y se manifestaba respetuoso de Pinochet.
          El locutor oficial de la franja televisiva de Aylwin previa a la elección, el ya conocido Patricio Bañados, que había desempeñado igual papel durante la campaña del plebiscito presidencial de 1988,  remarcaba en sus apariciones que nada cambiaría radicalmente y que sólo las cosas negativas serían suprimidas. La gente le creía, porque había sido rostro del noticiero de Televisión Nacional, es decir, del canal del Gobierno Militar, durante bastante tiempo; y también del noticiero del no menos gobiernista canal de la Universidad de Chile. Y esa tranquilización que él predicaba le atrajo, sin duda, votos del “Sí” a Aylwin.
Realizados los comicios, los resultados finales dieron el 55,2 % a Aylwin, el 29,4 % a Büchi y el 15,4 % a Errázuriz, repitiendo aproximadamente los resultados del plebiscito de 1988, pero esta vez con los votos del Gobierno divididos entre dos candidatos.
          En la elección parlamentaria la Concertación obtuvo 72 de los 120 diputados (60 %) y el pacto gobiernista, Democracia y Progreso, los restantes 48 (40 %). Es decir, un mentís para la tesis de la Concertación de que el sistema electoral binominal estaba concebido para favorecer a la minoría.
En el Senado, gracias a los nueve senadores designados que establecía la Constitución, más los doce senadores de RN, tres de la UDI y un independiente de derecha, los herederos del “Sí” sumaron 25 votos y tuvieron mayoría sobre los 23 que logró elegir la Concertación, pero siempre que los designados se alinearan con la oposición, lo que no siempre iba a suceder.

Ex funcionarios elegidos parlamentarios
          Pero las elecciones parlamentarias y presidenciales abiertas de fines de 1989, las primeras en casi diecisiete y casi veinte años, respectivamente, iban a concentrar el interés del país –y en no poca medida del resto del mundo— durante el resto del año.
          Fueron elegidos popularmente como parlamentarios numerosos funcionarios y personeros del Gobierno Militar:
          Senadores: Ignacio Pérez Walker, ex miembro del Consejo Económico y Social; Alberto Cooper, ex intendente de la IV Región; Beltrán Urenda, ex presidente del Consejo Económico y Social; Jaime Guzmán, ex miembro de la Comisión de Estudio de la Nueva Constitución y de la Comisión de Estudio de las Leyes Orgánicas Constitucionales y asesor presidencial; Mario Ríos, ex subsecretario General de Gobierno; Sergio Onofre Jarpa, ex ministro del Interior; Eugenio Cantuarias, ex alcalde de Talcahuano; Francisco Prat, ex intendente de la IX Región; Sergio Diez, ex miembro de la Comisión de Estudio de la Nueva Constitución y ex embajador ante la ONU; y el general (r) Bruno Siebert, ex ministro de Obras Públicas.
          Fueron elegidos diputados los ex alcaldes designados por el Gobierno Militar María Angélica Cristi, Patricio Melero, Víctor Pérez, Francisco Bartolucci, Arturo Longton, Carlos Bombal y Hugo Álamos; y el ex consejero de Estado, Juan Antonio Coloma.

Entrevista Pinochet-Aylwin
          En medio de gran expectación llegó Aylwin a La Moneda, como Presidente electo, el 21 de diciembre y, como se lo había sugerido su equipo comunicacional, saludó de manera fría y distante al Presidente Pinochet, a raíz de lo cual éste mantuvo más de la cuenta firmemente retenida la mano de su sucesor, incomodándolo. Pero una vez que los periodistas y fotógrafos se retiraron, como se usa en política, la conversación entre ambos fue fluida y abierta.
          Aylwin solicitó dos cosas concretas: revisar las leyes que estaban siendo redactadas, antes de ser aprobadas por la Junta, y que Pinochet lo dejara en libertad de acción en la Comandancia en Jefe del Ejército. Pero éste se negó y en tono algo socarrón le dijo:
          “— ¿Así que usted quiere que deje la Comandancia en Jefe? La mejor garantía para la estabilidad de su gobierno es mi permanencia en el mando” (24).

Alan García de nuevo
          Los dichos e iniciativas del presidente peruano causan en 1989 nuevos conflictos con el gobierno chileno. En su encuentro con el presidente boliviano, Jaime Paz Zamora, en septiembre en el lago Titicaca, apoya la “aspiración” boliviana de una salida al mar, aspiración que implica, naturalmente, entrega de territorios y proyecciones marítimas por parte de Chile. Sin embargo, García reconoce la validez de los tratados vigentes, mientras Bolivia alega la nulidad del suscrito con Chile en 1904.
          El canciller chileno, Hernán Felipe Errázuriz, informa al Presidente que las declaraciones de García no representan el sentir de las autoridades diplomáticas peruanas, de su opinión pública ni de sus fuerzas armadas y se contraponen al espíritu nacionalista que predomina en ese país. Hay un “entendimiento de caballeros” entre Chile y Perú en el sentido de que cualquier declaración sobre la aspiración marítima boliviana será previamente puesta en conocimiento de la otra parte.
Pese al incumplimiento de García, al poco tiempo la cancillería chilena da por superada la situación ocasionada por sus declaraciones (25).

Balance económico del año
          Ya se hablaba otra vez en el mundo del milagro chileno y el país en 1989 se ponía a la cabeza de América Latina en múltiples aspectos. En 1989 el PIB creció a una tasa sin precedentes, 10,6 %, más propia de los “tigres asiáticos” que de nuestro hemisferio. El desempleo siguió disminuyendo, a 7,1 % de promedio anual, pero en enero de 1990 se acercó al 5 %, según cifras del Banco Central.
          La inflación, es cierto, volvió a subir, desde el 12,7 % de 1988 a 21,4 %. Fue un retroceso, explicable por el criterio expansivo impuesto por un año electoral. Pero la Tasa de Inversión en Capital fijo dio un salto y alcanzó a 24,5 % del PIB, guarismo que muy rara vez volvería a alcanzarse después, pero anunciaba años muy positivos para el crecimiento.
          El déficit del Presupuesto aumentó, pero a una cifra todavía prudente, -2,5 % del PIB.
          Las cuentas externas también fueron positivas. La Balanza Comercial volvió a tener superávit, de 1.483,2 millones de dólares. Pero la Cuenta Corriente aumentó su déficit, a -689,9 millones de dólares, casi triplicando el del año anterior. Como contrapartida, la Cuenta de Capitales más que dobló su superávit, que fue de 723,1 millones de dólares. Por añadidura, la deuda externa bajó a 16.232 millones de dólares, casi 1.400 millones menos que el ejercicio anterior (26).
          Las Reservas Internacionales Brutas del Banco Central aumentaron a 4.762 millones 300 mil dólares, es decir subieron en 501 millones 100 mil dólares respecto del fin del año anterior (27).
          Ese último año completo del Gobierno Militar justificó, desde el punto de vista económico, la medalla Misión Cumplida que recibieron del Presidente ministros y altos jefes civiles y uniformados el 11 de marzo del año siguiente, cuando dejaron el Gobierno.

REFERENCIAS CAPÍTULO XVII:
(1) Arancibia, Patricia: “Carlos F. Cáceres…”, op. cit., p. 106.
(2) Ibíd., p. 110.
(3) Ibíd., p. 112.
(5) López Bain, Jorge: “Testigo Presencial”, Maye, Santiago, 2012, p.212.
(6) Arancibia, Patricia: “Carlos F. Cáceres…”, op. cit., p. 114.
(7) Ibíd., p.117.
(8) Ibíd., ps. 130 a 134.
(9) Ibíd., ps. 140 a 156.
(10) Vial, Gonzalo: “Pinochet…”, op. cit., t. II, p. Vial, ps. 583-584.
(11) Koehler, John O.: “Stasi”, op. cit. p. 315.
(12) Cavallo, Ascanio: “Los Hombres…”, op. cit., p. 90
(13) Ibíd., p. 91.
(14) Ibíd., p. 89.
(15) Ibíd., p. 90.
(16) Ibíd., p. 92.
(17) Ibíd., p. 93.
(18)  Arancibia, Patricia: “Carlos F. Cáceres…”, op. cit., p. 146.
(19) Vial, Gonzalo: “Pinochet…”, op. cit., t. II, p. 587.
(20) Cuevas, Gustavo: Pinochet…”, op. cit. p. 215.
(21) Arancibia, Patricia: “Carlos F. Cáceres…”, op. cit., ps. 172 y sigtes.
(22) Insunza, Andrea y Ortega, Javier: “Michelle Bachelet…”, op. cit., ps. 94 y 156.
(23) Cavallo, Ascanio: “Los Hombres…”, op. cit., ps. 158 y 203-216.
(24) Arancibia, Patricia: “Carlos F. Cáceres…”, op. cit., ps. 180-181.
(25) Rojas, Gonzalo: “Chile Escoge…”, op. cit., t. II, p. 741.
(26) Banco Central, Dirección de Estudios: “Indicadores Económicos y Sociales 1960-1985”, Santiago, 1986; “Indicadores Económicos y Sociales 1960-2000”, Santiago, 2001.
(27) Díaz, José; Lüders, Rolf y Wagner, Gert: “La República en Cifras”, op. cit., p. 516.


( CONCLUIRÁ MAÑANA)